En el inicio de las discusiones en la sociedad acerca de la enmienda constitucional para reducir la semana laboral de 48 a 40 horas, los legisladores y representantes del sector privado expresaron opiniones divergentes sobre el asunto. Algunos abogaron por un ajuste gradual, mientras que otros expresaron preocupaciones en relación con el impacto en la economÃa y el empleo, y otros destacaron problemas de explotación laboral.
Durante el primer dÃa del debate abierto dedicado a la reforma para disminuir la jornada laboral, los diputados y empresarios confrontaron sus posturas. Los legisladores señalaron las prácticas de explotación laboral, incluyendo la ausencia de pago por horas extra, y las repercusiones negativas en la salud fÃsica y mental de los trabajadores. Mientras tanto, los representantes empresariales advirtieron que la iniciativa podrÃa tener consecuencias catastróficas, como el desempleo, la informalidad y la inflación.
Nadie se manifestó en contra de la enmienda propuesta al artÃculo 123 de la Constitución, presentada por la diputada Susana Prieto (Morena). Sin embargo, algunos indicaron que el momento adecuado para la modificación no habÃa llegado, y que, de llevarse a cabo, deberÃa ser un proceso gradual y por sectores. El PAN declaró que aún no habÃa fijado una posición definitiva y que primero deseaba escuchar más opiniones de diferentes partes, según declaró la diputada Noemà Luna de dicho partido.
La reforma habÃa sido aprobada previamente por la Comisión de Puntos Constitucionales al final del periodo ordinario anterior. Sin embargo, al inicio del nuevo periodo, la Junta de Coordinación PolÃtica (Jucopo), encabezada por el PAN, tomó la decisión unánime de detener el proceso y convocar a un Parlamento Abierto para discutir el tema.
México destaca como el paÃs de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la jornada laboral más extensa, con un promedio de 2,137 horas de trabajo por año por persona, lo que supera con creces las 1,726 horas de la OCDE. Sin embargo, esto no se ha traducido en una mayor producción ni en mejores salarios y condiciones de vida para los trabajadores.
Ricardo Barbosa Ascencio, presidente nacional de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), opinó que la reforma, tal como está planteada actualmente, no deberÃa ser aprobada. Argumentó que, al establecer dos dÃas de descanso obligatorio, se incrementarÃa la informalidad, disminuirÃa la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR) y aumentarÃan los costos de nómina en un 35 a 40 por ciento, lo cual afectarÃa principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Además, señaló que ninguna empresa en México podrÃa asumir ese costo sin que se reflejara en el aumento de los precios de productos y servicios, lo que podrÃa desencadenar un descontrol en la inflación.
